miércoles, 9 de mayo de 2012

CONTROL CONSTITUCIONAL DE ACTOS DEL CNM


EL CONTROL CONSTITUCIONAL EN CASOS DE SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE MAGISTRADOS, DESDE LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PERUANO
Jéssica E. López Casas
                                                   Abogada por la UNMSM.

En el mes de enero del presente año el Supremo Intérprete de la Constitución (TC),  emitió dos  fallos que en la actualidad son comentados en los debates académicos en materia constitucional y procesal constitucional. Se trata de los expedientes Exp. Nº 3981-2011-PA/TC (Caso Hinostroza Pariachi) y el Exp. Nº 4944-2011-PS/TC (Caso Mateo Castañeda) juntamente con las Resoluciones de Aclaración de fechas 16 y 17 de abril.  Siendo la primera vez que el TC se pronuncia favorablemente en temas de selección y nombramiento de magistrados, proceso llevado en el año 2010 por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).
Al respecto, se ha sostenido que dichas resoluciones vulneran la institucionalidad del CNM al ordenársele volver a votar sus decisiones; con ello, se eliminaría todo tipo de margen razonable de subjetividad; a su vez,  dichos fallos atentarían contra una institución típica de la  democracia; se señala también, que el TC en forma reiterada viene concibiendo al CNM como una agencia dependiente del Poder Ejecutivo y finalmente se advierte una contradicción en la línea jurisprudencial con respecto a otras resoluciones emitidas por el mismo TC en procesos de amparo seguidos contra el CNM.
A fin expresar mi punto de vista, en el desarrollo de este trabajo planteo una serie de interrogantes con respuestas que parten de la propia interpretación que realiza el TC a través de sus sentencias,  así como también, de los considerandos de resoluciones que emite el CNM en el desarrollo de sus funciones.

¿Afectan las decisiones del TC la institucionalidad de los organismos constitucionales autónomos?

El TC, ha establecido hace más de ocho años, en la STC Nº 1941-2002-AA/TC, f.j.6 (Caso Almenara Bryson) lo siguiente: “El Consejo Nacional de la Magistratura es un órgano constitucional más del Estado y, en esa condición, se trata de un poder constituido dotado de competencias –como la ratificación de los jueces y miembros del Ministerio Público que deben ejercerse dentro del marco de la Constitución y su Ley Orgánica, entonces, no es inadmisible que se pueda postular que su ejercicio antijurídico no pueda ser objeto de control jurisdiccional.”, en esa misma línea en las Resoluciones STC 2409-2002-AA/TC, (Caso González Ríos), EXP. N.° 08495-2006-PA/TC (Caso De Valdivia Cano) y el Exp. N.° 5156-2006-PA/TC (Caso Walde Jáuregui), se entiende que para el TC no existen zonas del ordenamiento exentas de control constitucional, en ese sentido, una interpretación adecuada de la autonomía en las decisiones del CNM, debe contemplar necesariamente la no afectación de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales, de lo contrario, procede la revisión de sus decisiones.
En los casos González Ríos y De Valdivia Cano el TC ordenó al CNM reincorpore a los magistrados en el cargo que venían desempeñando, y en el caso Walde Jáuregui ordenó que el CNM emita una nueva resolución en un proceso disciplinario, la misma que culminó con la reincorporación al cargo.
Asimismo,  el TC con similares fundamentos, se ha pronunciado sobre las decisiones del Ministerio Público, del Jurado Nacional de Elecciones y de la misma Corte Suprema de la República,  en resoluciones con atributos de inmutabilidad e inimpugnabilidad, en algunos casos declarando nulas sus decisiones y ordenando a emitir nuevos pronunciamientos,  dando la posibilidad que las instituciones emplazadas vuelvan a deliberar o evaluar sus casos[1].
Por lo señalado, se puede sostener que el acto de control del TC sobre la decisiones  que realizan algunos organismos constitucionales, como el CNM, no afectan la autonomía de las Instituciones, por el contrario, son una respuesta eficaz ante posibles actos que violen o amenacen los derechos fundamentales de cualquier magistrado o aspirante a la carrera judicial o fiscal.

¿Facultad discrecional del CNM o abuso de criterios subjetivos no razonables?

Sobre el margen subjetivo de sus decisiones,  se puede entender como aquel elemento discrecional que gozan algunos órganos o colegiados que realizan labor jurisdiccional o administrativa, al respecto en la STC 2763-2003-AC, (Caso Alfaro Rozas y otros) f.j. 7 el TC ha señalado que: “[L]a discrecionalidad –que existe para que la Administración pueda apreciar lo que realmente conviene o perjudica al interés públicotiene como requisito la razonabilidad y no puede ser sinónimo de arbitrario,(...). Es por ello que, en el acto discrecional, la fundamentación debe extenderse a motivar suficientemente las decisiones administrativas, de acuerdo con los criterios razonables, justos, objetivos y debidamente motivados.”(Énfasis agregado)
La función de seleccionar y nombrar jueces y fiscales, previo concurso público, tiene como marco normativo los artículos 150º y 154º de la Constitución de 1993, la Ley 26390-Ley Orgánica del CNM, la Ley Nº 29277 Ley de la Carrera Judicial[2] y el Reglamento de Concursos para el Acceso Abierto en la Selección y Nombramiento de Jueces y Fiscales, aprobado por Resolución Nº 281-2010-CNM. Son dichas normas que regulan la selección y el nombramiento de magistrados, proceso donde se establecen tres etapas con reglas claras y predeterminadas, donde los aspirantes rinden un examen escrito, pasan por una evaluación curricular y entrevista pública ante el Pleno del CNM, proceso que culmina con la elaboración y aprobación del cuadro final de méritos, para que luego, sea votada ante Pleno del CNM.
Por otro lado,  el proceso de selección cuenta con un estadio de participación ciudadana donde cualquier ciudadano puede presentar tachas contra los aspirantes, y donde el CNM garantiza el derecho constitucional a la defensa corriendo traslado de la tacha a fin de que se pueda presentar los descargos pertinentes, antes de resolver. Una de las etapas donde el Pleno del CNM puede evaluar los criterios subjetivos que establece el artículo 2º de la Ley de la Carrera Judicial es la etapa de entrevista personal cuyo objeto es evaluar el desenvolvimiento del aspirante, y donde cada consejero puede formar su  propio criterio sobre los valores éticos, morales, democráticos, sociales, experiencia profesional, trayectoria de vida, opiniones, conocimientos del sistema de administración de justicia y otros que sustenten su idoneidad o probidad que requiere el ejercicio del cargo al cual postula.
Es la entrevista donde cada consejero puede evaluar y apreciar lo que realmente conviene o perjudica al interés público;  donde cada uno de los miembros del CNM manifiesta su apreciación subjetiva en puntajes que van de cero a cien (100) puntos, y es en esta etapa donde el consejero tomará lo hechos y/o circunstancias  a fin de fundamentar su decisión en caso de no nombrar a un aspirante.
En los casos referidos inicialmente, el postulante Hinostroza Pariachi obtuvo 82.57 puntos sobre 100 en la entrevista personal, mientras que Castañeda Segovia obtuvo 73.00 puntos sobre el mismo universo, ocupando Hinostroza Pariachi el primer lugar en el cuadro final de méritos con un puntaje total de 90.91 puntos, pese a ello no obteniendo los votos de una mayoría que en su momento motivaron su no nombramiento con argumentos que, conforme a la sentencia Exp. Nº  3981-2011-PA/TC, afectan el derecho a la presunción de inocencia, entre otros. Es necesario precisar que la Ley de Carrera Judicial en su artículo 33º[3] establece la obligación de fundamentar claramente las razones por las que no se eligió a un postulante que ocupó el primer lugar del cuadro de méritos, por su parte el artículo 53º[4] del Reglamento de Selección y Nombramiento del CNM reitera que, en el caso de que el Pleno del CNM encuentre factores para no nombrar a un postulante siguiendo el orden del cuadro de méritos, se dejará constancia de su decisión y de las razones debidamente fundamentadas, en el acta respectiva.
Es ahí donde se encuentra la justificación para que el TC realice control constitucional de los argumentos esgrimidos en las actas de no nombramiento de los postulantes y distinguiéndolos de otros procesos ingrese al fondo del asunto, ya que, de otra manera no se puede dar explicación como el postulante Hinostroza Pariachi obtuvo el segundo puntaje más alto en la entrevista, pero no se le nombra con argumento que según la STC Nº 03891-2011-PA/TC son inconstitucionales.
Por lo expresado, considero que la facultad discrecional que tiene el CNM al seleccionar magistrados se ejerce en la entrevista pública, etapa donde cada consejero realiza las preguntas pertinentes- con los parámetros establecidos en la ley, el reglamento y sin afectar el derecho a la intimidad- y por otro lado, el postulante ejerciendo su derecho de defensa, las absuelve; es ahí donde cada consejero debe adquirir convicción de si un postulante merece o no ocupar un cargo dentro del Poder Judicial o Ministerio Público y dicha convicción se manifiesta como anteriormente señalamos en puntajes que van de cero a cien (100) puntos.
Por otro lado, se observa que en el caso Hinostroza Pariachi, el CNM ejerció su facultad discrecional en una etapa que no corresponde, esto es, el acto de votación. Situación distinta a la de Mateo Castañeda quien obtuvo el cuarto lugar con 73.00 puntos en entrevista personal y tercer lugar en el cuadro final de méritos, alejado de una convicción contundente de parte de los consejeros; pero no por ello cuestionable, ya que el CNM, eligió a una cuarta opción para el cargo de fiscal supremo.

¿Es el CNM la voz del pueblo?
                                                                                   
Se plantea también que el CNM, es una institución típica de un estado democrático, se puede entender que este planteamiento nace de la propia conformación del CNM y del grado de motivación exigible a sus decisiones, ya que, este organismo es integrado por representantes de una pluralidad de instituciones y donde 3 de sus 7 miembros son necesariamente abogados, por ende se puede entender que debe sopesar más el criterio común, la opinión popular sobre todo criterio razonable y objetivo. Por otro lado, el CNM lleva a cabo el proceso de evaluación y ratificación de magistrados de todos los niveles- a excepción de los que provienen de elección popular- dando cumplimiento del mandato constitucional. Procedimientos, entre otros, que nos permiten definir al CNM como un órgano técnico independiente al poder político, que se rige y regula por la Constitución, se organiza por su ley orgánica y sus reglamentos, teniendo como único límite la propia Constitución, en cuanto norma fundamental que establece una serie de derechos y mecanismos con rango constitucional a favor de todos los ciudadanos sin distinción alguna, a ello, se añade que el CNM evalúa la idoneidad en el cargo de magistrados juntamente con la calidad de las resoluciones judiciales y dictámenes fiscales conforme a los parámetros establecidos en la Ley y el Reglamento de Evaluación y Ratificación, al respecto he podido observar de las propias resoluciones que emite el CNN-por citar un ejemplo: La Resolución  N° 511–2011–PCNM de fecha  25 de agosto de 2011 (El expediente de evaluación y ratificación de don Juan Ricardo Macedo Cuenca) Considerando tercero[5]- proceso donde una mayoría del pleno aplica la ponderación y justifica su decisión con criterios razonables, de ello, se entiende que el CNM no es una institución típica democrática, ya que aplica criterios objetivos e interpreta principios constitucionales en el desarrollo de sus funciones, además de entrar a calificar las sentencias y/o dictámenes como buenas, regulares o deficientes. Manifestar lo contrario hubiera implicado que en el caso del ejemplo, la mayoría del CNM hubiera valorado más, las 114 medidas disciplinarias aplicadas al Juez Macedo Cuenca y la desconfianza de la ciudadanía sobre un magistrado que retarda en demasía su causas; pero aplica bien, a criterio del CNM, el principio de inmediación que debe haber entre el Juez y la partes.

¿Es el CNM un ala del Poder Ejecutivo?

En el Exp. Nº 03891-2011-PA/TC (Hinostroza Pariachi) ff.jj. 16-23 y en el Exp. Nº 04944-2011-PA/TC (Mateo Castañeda), ff.jj. 21-23, se hace referencia a la garantía constitucional de la debida motivación;  la sujeción que existe de la Administración Pública con respecto a lo que la Constitución establece como derechos fundamentales; se precisa el origen de la motivación, supuesto regulado en el artículo 6º, inciso 3 de la Ley Nº 27444; se menciona también el derecho al debido procedimiento administrativo, principio recogido en el Artículo I del Título Preliminar de la misma ley, y finalmente el TC deja expresa la exigencia  de motivar suficientemente los actos administrativos  como una garantía de razonabilidad y no de arbitrariedad.
Bajo estos argumentos se podría entender equivocadamente que el TC confunde la función que realiza el CNM –Órgano Constitucional Autónomo-, con respecto a otros órganos dependientes del Poder Ejecutivo, como el OSCE, INDECOPI, Tribunal Fiscal, entre otros. En base a ello, debemos aclarar que la Constitución en sus artículos 151° y 153° establece las funciones y atribuciones que corresponde a este órgano técnico independiente, cuya organización es regulada por su Ley Orgánica y sus reglamentos, y al no realizar función normativa ni jurisdiccional, entendemos que sus actos se encuentran regulados-en lo pertinente- por la Ley Nº 27444, “Ley del Procedimiento Administrativo General”, los principios que de dicha norma se desprenden, y conforme lo señala la misma ley en su artículo I, inciso 6, de su Título Preliminar. Por ello, considero no se debe caer en la errónea interpretación que se le quiere dar al CNM, como una ala o organismo dependiente del Poder Ejecutivo.

¿Cambio de Criterios Jurisprudenciales o Nuevos Supuestos de Pronunciamiento?

Finalmente una parte de las críticas, denuncian posibles contradicciones en la jurisprudencia del TC en materia de selección y nombramiento de magistrados, se hace mención a los expedientes Nº 01800-2008-PA/TC  y  Expediente N.º 03613-2010-PA/TC,  donde en resumidas cuentas se señala que la violación de los derechos fundamentales en procesos de selección y nombramiento han devenido en irreparables, con el argumento de que el concurso público de méritos donde participaron los entonces accionantes habían concluido[6].

En efecto, el Exp. N° 01800-2008-PA/TC originado en Amazonas (caso Ambulódegui Domenack), el TC declaró improcedente la demanda de amparo. En dicho proceso el accionante perseguía: i) que el Juez constitucional le asigne jurisdiccionalmente el puntaje de 68.95 puntos en la etapa de evaluación curricular, de la convocatoria N° 001-2007-CNM, macro Región Amazónica; ii) Se ordene al emplazado que se le considere apto para pasar al examen psicotécnico y de salud mental; y iii) Se le incluya en el cronograma de entrevistas personales. Por otra parte el TC precisa en el fundamento 4 de la sentencia: “ (…) este Colegiado estima que: i) la asignación del respectivo puntaje en un concurso público para cubrir vacantes en el Poder Judicial o Ministerio Público; ii) la calificación de aptitud en las etapas de estos concursos; y iii) la inclusión de los postulantes en las entrevistas personales, son competencias exclusivas del Consejo Nacional de la Magistratura y no de la jurisdicción constitucional (…)

En el Expediente. N° 03613-2010-PA-/TC, (Caso Luz Del Carmen Ibáñez Carranza), el TC declara infundada la demanda de amparo interpuesto contra el CNM. En el caso concreto, la accionante pretendía que se la declare hábil y apta para concursar y acceder a la Magistratura Suprema. En consecuencia, se trataba de una magistrada en ejercicio que no fue admitida como postulante apta para participar en el concurso de méritos para Fiscales Supremos, ya que al parecer no cumplía con los requisitos establecidos en el nuevo Reglamento de Selección y Nombramiento, se trata de alguien que no superó ninguna etapa del concurso.
De lo expresado, se entiende que la vulneración de los derechos fundamentales en los dos casos materia de análisis, se produjeron, no en una etapa del concurso, sino en el acto de votación; las expectativas finalizan con el concurso, pero, si se incumple un mandato expreso por la ley, afectando derechos fundamentales, se puede retrotraer las cosas al estado anterior de la violación, con ello, pudiéndose cumplir el objeto que tienen los procesos constitucionales de amparo.

¿Las resoluciones del TC emplazan a los consejeros o al CNM como órgano colegiado?

Recientemente el TC ha publicado, en su portal web, las resoluciones aclaratorias de los expedientes: Exp. Nº 3981-2011-PA/TC y Exp. Nº 4944-2011-PS/TC, donde de parte del procurador del CNM se plantean los dos supuestos a aclarar:

I)         Se solicita se aclare si los nuevos miembros del CNM, quienes no participaron en el concurso, ni suscribieron el acuerdo que vulneró Derechos Fundamentales, deben participar en la nueva votación ordenada por el TC.
II)       Se solicita también que el TC aclare si para la nueva votación los nuevos consejeros deben evaluar mediante entrevista personal a los favorecidos por el proceso de amparo.

Sobre ambos requerimientos en el  EXP. Nº 3981-2011-PA/TC, de fecha 20 de abril de 2012, f.j. 5, el TC ha señalado lo siguiente: “(…), en aras de una correcta ejecución de lo decidido, y para dar cabal cumplimiento a la sentencia, como lo manifiesta el Procurador Público competente, el Tribunal Constitucional estima oportuno precisar que la sentencia de autos ha sido emitida en función de un órgano colegiado como el Consejo Nacional de la Magistratura, al haberse acreditado que con su decisión vulneró la garantía constitucional de la motivación, y no en razón de las personas que lo integran,  de manera que, independientemente de que haya dos nuevos consejeros, es dicho órgano constitucional con sus actuales integrantes el que debe proceder a emitir un nuevo acuerdo, debiendo todos sus miembros actuales, previamente, votar su decisión.
En, la resolución principal de fecha, 16 de enero de 2012, el fundamento de voto del magistrado Vergara Gotelli f.j. 22, previniendo esta situación dicho magistrado expresó lo siguiente: “(…). Asimismo debe tenerse presente que la nueva votación se realizará con la nueva conformación del Consejo Nacional de la Magistratura, puesto que es el ente emplazado el obligado a sustentar una decisión que afectó el derecho a la debida motivación de las resolución del actor. Debe tenerse presente que ésta nueva conformación también ha participado en la votación para la designación de Jueces Supremos entre los candidatos en reserva, pese a no haber participado en la totalidad del concurso.” (Énfasis agregado)

Sobre el segundo requerimiento del procurador del CNM, en la resolución de aclaración, el TC estima conveniente recordar que conforme al artículo 150º de la Constitución, el CNM es un órgano constitucional autónomo e independiente que se rige por su Ley Orgánica, de manera que, indicar a sus integrantes que procedan de una u otra manera, esto es, que escuchen la grabación de la entrevista personal ya realizada o, por el contrario, convoquen a los beneficiados para una nueva entrevista, supone una interferencia inadmisible en la autonomía de dicho órgano constitucional, siendo dicho órgano, y no este Tribunal, el que deberá definir de qué manera procede.



[1] Para mayor detalle véase: Las SsTC en casos del Ministerio Público, Jurado Nacional de Elecciones y  la Corte Suprema de Justicia de la Republica:  STC 6204-2006-HC, Caso Chávez Sibina F.J. 7. “La Constitución (artículo 159.º) ha asignado al Ministerio Público una serie de funciones constitucionales, (…), en tanto que el Ministerio Público es un órgano constitucional constituido y por ende sometido a la Constitución, no puede ser ejercida, irrazonablemente,  con desconocimiento de los principios y valores constitucionales, ni tampoco al margen del respeto de los derechos fundamentales”, STC 3390-2005-HC, f.j. 5, Caso Margarita Toledo Manrique, STC 6167-2005-PHC, f.j. 30, Caso Cantuarias Salaverry, Exp. 03339-2011-PHC/TC Lewis del Alcazar.
EXP. 5854-2006-PA/TC Caso Lizana Puelles “[T]oda interpretación de los artículos 142º y 181º de la Constitución que realice un poder público en el sentido de considerar que una resolución del JNE que afecta derechos fundamentales, se encuentra exenta de control constitucional a través del proceso constitucional de amparo, es una interpretación inconstitucional.  Consecuentemente, cada vez que el JNE emita una resolución que vulnere los derechos fundamentales, la  demanda de amparo planteada en su contra resultará plenamente procedente.”, (f.j. 35) STC 2730-2006-AA/TC Caso Castillo Chirinos y  STC 2366-2003-AA/TC Caso Espino Espino, STC 00007-2007-PI, Caso Resoluciones del JNE f.j.50, CIDH_Sentencia de 23 de junio de 2005, Caso Yatama vs. Nicaragua.
STC 0728-2008-PHC, Caso Giuliana Llamoja Hilares f.j. 3. “La Constitución establece expresamente en su artículo 200º, inciso 1, que el hábeas corpus procede ante el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos conexos a ella. A su vez, el Código Procesal Constitucional establece en su artículo 4º, segundo párrafo, que el hábeas corpus procede cuando una resolución judicial firme vulnera en forma manifiesta la libertad individual y la tutela procesal efectiva” y recientemente en el EXP. 04335-2011-PHC/TC (Exp. Nº 5350-2009-PHC/TC) Caso Salazar Monroe, resoluciones ambas donde se ordena a órganos jurisdiccionales a emitir resolución dentro de un plazo, a fin de no seguir afectado el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable.
[2] Aplicada en dicho concurso supletoriamente para el Ministerio Público, debido a que no se encontraba en vigencia la Ley de la Carrera Fiscal.
[3] Ley 29277, Ley de la Carrera Judicial
Artículo 33.- Nombramiento y designación
El nombramiento de los jueces, en todos los niveles y especialidades, corresponde al Consejo Nacional de la Magistratura. La designación en la plaza específica, para el órgano jurisdiccional respectivo, compete al Poder Judicial sobre la base de la especialidad.
Los Consejeros, reunidos, proceden a nombrar al postulante o postulantes aptos, según el orden de mérito alcanzado y hasta cubrir las plazas vacantes en los niveles y/o especialidades.
Para efectuar el nombramiento en cada cargo se requiere la mayoría prevista por el artículo 154 de la Constitución. En el caso de que la persona a quien correspondiese nombrar según el orden de méritos no obtuviese la mayoría establecida por la disposición constitucional, el Consejo puede elegir entre las dos (2) siguientes en el orden de méritos, con obligación de fundamentar claramente las razones por las que no se eligió a la primera. Si ninguno de los tres (3) candidatos mejor situados en el orden de méritos alcanzase mayoría para ser nombrado, el concurso de esa plaza será declarado desierto.

[4] Reglamento de Concursos para el Acceso Abierto en la Selección y Nombramiento de Jueces y Fiscales, aprobado por Resolución Nº 281-2010-CNM
Artículo 53º.- Los Consejeros reunidos en Pleno proceden al acto de votación nominal en estricto orden de méritos. Se nombra al postulante que obtiene el voto de por lo menos los dos tercios del número legal de sus miembros. En caso que el Pleno encuentre factores para no nombrar a un postulante siguiendo el orden del cuadro de méritos, se dejará constancia de su decisión y de las razones debidamente fundamentadas, en el acta respectiva.
[5]Se trata de un expediente que en la que el Juez evaluado incurren en una serie de faltas administrativas contando a la fecha de su evaluación con 114 sanciones administrativas, a lo que el Pleno del CNM realiza un examen del caso aplicando criterios de ponderación y razonabilidad, ya que el magistrado era quien realizaba todas las labores jurisdiccionales, entre ellas la calificación de las demandas incurriendo con ello en demora en el trámite del expediente judicial.
Por otro lado en el considerando tercero, segundo párrafo de la resolución expresa: “La singularidad del caso del juez Macedo Cuenca radica en que éste desde que  asumió el cargo como Juez Especializado en lo Civil de Lima decidió aplicar el criterio legal de la no delegación de las funciones jurisdiccionales, poniendo en práctica su trabajo académico “Propuesta Innovativa: La delegación de funciones jurisdiccionales como afectación a los principios de independencia e imparcialidad”  tesis N° 55-AMAG que obra en la biblioteca de la Academia de la Magistratura y un Proyecto de Investigación de Tesis de Maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos (2007-2008) de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos intitulado: “La delegación de funciones jurisdiccionales y la independencia y exclusividad judicial en el Perú”, de modo tal que no sólo decidía en cada caso la calificación de las demandas,  autos que deciden  sobre excepciones, autos de saneamiento, autos
definitivos y sentencias, sino que personalmente se encargaba de su redacción.”
[6] Exp. Nº 03891-2011-PA/TC f.j. 4.   Por lo demás la jurisprudencia de este Tribunal que ha sido invocada tampoco responde al supuesto de autos. En efecto, en el Expediente N.º 01800-2008-PA/TC el actor pretendía se le asigne jurisdiccionalmente (sic) el puntaje de 68.95 puntos en la etapa de evaluación curricular de la Convocatoria Nº 001-2007-CNM Macro Región Amazónica; se ordene al emplazado  que se le considere apto para pasar al examen psicotécnico y de salud mental; y, se le incluya en el cronograma de entrevistas personales. Mientras que en el Expediente N.º 03613-2010-PA/TC, la actora perseguía se la declare hábil y apta legalmente para concursar y acceder a la Magistratura Suprema, supuestos que, como puede advertirse, resultan sustancialmente distintos. Y es que en dicha jurisprudencia este Tribunal no tomó en consideración una etapa adicional, que constituye la última, cuál es, la del acto de votación de parte de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura y que, a juicio del actor, es en la que se produjo la afectación de sus derechos. Por último, tampoco pretende el actor que se le otorgue el cargo de Fiscal Supremo al que postuló –como ocurría en anteriores causas– según consta en su recurso de agravio constitucional y, en particular, a fojas 249.

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